Todos más o menos estamos al tanto de una medida -transitoria- del gobierno central que se supone impopular: La reducción del límite de velocidad de 120 a 110 km/h en autovías y autopistas. Y digo impopular, porque al pueblo ehpañó le toca las narices que se les limite lo más sagrado en su vida, que son sus vicios. Antes por el tabaco y ahora por la velocidad, la verborrea papanatas sobre pérdida de democracia inunda el universo digital con comentarios individualistas, libertinos y hasta fascistoides sustentados en el "tengo derecho a hacer lo que me da la gana con mi coche", o "¿y si yo quiero contaminar más?".
Según los Ministerios de Interior y de Industria, se justifica por la subida previsible de los precios del crudo y el consiguiente agravamiento económico en conceptos de importaciones. Hasta lo que sabemos, dicen estimar un ahorro del 15% de gasolinas y 11% de gasóleos, con una incidencia de 18 millones de barriles anuales, lo que se valora en 1.400 millones de euros. El coste de corregir -transitoriamente- las 6.000 señales de estas vías se evalúa en 250.000 euros, o sea, 40 euros por pegatina colocada.
La oposición a derecha e izquierda, encumbrados expertos, representantes de asociaciones de automovilistas y consumidores, la prensa conservadora y blogueros varios han puesto el grito en el cielo (cuando no lo hicieron ante la rebaja de salarios y derechos laborales) intenando rebatir con argumentos tales como la orientación recaudatoria, los impuestos dejados de percibir, o la pérdida de tiempo y productividad, entre otros más peregrinos. Hasta se han creado webs, sin argumento ninguno, eso sí, para votar en contra. La respuesta del gobierno no ha sido científica, sino de marujeo, la réplica de la oposición, no menos folklórica, y así como de costumbre, la casa sin barrer.
Como uno es ya perro viejo con las estadísticas en estos temas, me saltaron las alarmas al leer tamañas cifras: 18 millones de barriles y 1.400 millones de euros son muchos, especialmente sabiendo que la medida sólo puede afectar al tránsito con derecho a circular hoy a 120 km/h. Según el reglamento de tráfico, esto se limita a carreteras de doble calzada, que suman el 8% de kilómetros de red vial (y no todos, porque hay tramos con menores velocidades límite), y a los turismos y motocicletas. De modo que no se ven alterados ni el enorme tráfico de mercancías ni el de vehículos agrícolas. Huele a hipérbole.
Según los Ministerios de Interior y de Industria, se justifica por la subida previsible de los precios del crudo y el consiguiente agravamiento económico en conceptos de importaciones. Hasta lo que sabemos, dicen estimar un ahorro del 15% de gasolinas y 11% de gasóleos, con una incidencia de 18 millones de barriles anuales, lo que se valora en 1.400 millones de euros. El coste de corregir -transitoriamente- las 6.000 señales de estas vías se evalúa en 250.000 euros, o sea, 40 euros por pegatina colocada.
La oposición a derecha e izquierda, encumbrados expertos, representantes de asociaciones de automovilistas y consumidores, la prensa conservadora y blogueros varios han puesto el grito en el cielo (cuando no lo hicieron ante la rebaja de salarios y derechos laborales) intenando rebatir con argumentos tales como la orientación recaudatoria, los impuestos dejados de percibir, o la pérdida de tiempo y productividad, entre otros más peregrinos. Hasta se han creado webs, sin argumento ninguno, eso sí, para votar en contra. La respuesta del gobierno no ha sido científica, sino de marujeo, la réplica de la oposición, no menos folklórica, y así como de costumbre, la casa sin barrer.
Pero es que la teoría de la recaudación tampoco cuadra: Si fuera cierto el ahorro, equivalente a 2.860 millones de litros de gasolina/gasóleo al año, los impuestos dejados de percibir (aproximadamente el 50% del precio final) superarían los 1.900 millones de euros. Inimaginable hacer una caja más elevada vía radar (craso error partir de que todo quisque va a saltarse el límite, por cierto); si la papeleta es de 300 euros, para alcanzar la cifra de impuestos perdidos se necesitarían 6,5 millones de este tipo de sanciones al año! Eso es como multar una vez al año al 25% de los titulares de carnés! La Administración recaudaría notablemente más por impuestos especiales e IVA sobre los combustibles que por supuestas multas. Y sin mover un dedo. O sea, lo que más le interesa es que consumamos más.
Y aunque la realidad fuera que se ahorra en importaciones un cuarto de lo publicado a bombo y platillo, los impuestos no percibidos serían unos 475 millones anuales, es decir, ¡más de lo recaudado en todas las multas de tráfico en 2010!
De todas formas, no entiendo a qué viene la pataleta si, como publica el RACE, el 68% de los conductores supera las velocidades máximas en todo tipo de vías. Yo seguiré con mi híbrido haciendo conducción eficiente a 110-120 km/h mientras arqueoniñatos inmortales en sus Golf y neoespeculadores inmobiliarios en coches del tamaño de un trolebús continuarán rebasándome a 180 consumiendo el doble. Eso sí, llegarán antes a ver el fútbol, que al final es lo que, por lo visto, de verdad importa.
Referencias:
INE. Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008
INE. Encuesta de condiciones de vida 2009
INE. Red de carreteras, vehículos, conductores y accidentes
CORES. Boletín Estadístico de hidrocarburos 157 (diciembre 2010)
Según los Ministerios de Interior y de Industria, se justifica por la subida previsible de los precios del crudo y el consiguiente agravamiento económico en conceptos de importaciones. Hasta lo que sabemos, dicen estimar un ahorro del 15% de gasolinas y 11% de gasóleos, con una incidencia de 18 millones de barriles anuales, lo que se valora en 1.400 millones de euros. El coste de corregir -transitoriamente- las 6.000 señales de estas vías se evalúa en 250.000 euros, o sea, 40 euros por pegatina colocada.
La oposición a derecha e izquierda, encumbrados expertos, representantes de asociaciones de automovilistas y consumidores, la prensa conservadora y blogueros varios han puesto el grito en el cielo (cuando no lo hicieron ante la rebaja de salarios y derechos laborales) intenando rebatir con argumentos tales como la orientación recaudatoria, los impuestos dejados de percibir, o la pérdida de tiempo y productividad, entre otros más peregrinos. Hasta se han creado webs, sin argumento ninguno, eso sí, para votar en contra. La respuesta del gobierno no ha sido científica, sino de marujeo, la réplica de la oposición, no menos folklórica, y así como de costumbre, la casa sin barrer.
Como uno es ya perro viejo con las estadísticas en estos temas, me saltaron las alarmas al leer tamañas cifras: 18 millones de barriles y 1.400 millones de euros son muchos, especialmente sabiendo que la medida sólo puede afectar al tránsito con derecho a circular hoy a 120 km/h. Según el reglamento de tráfico, esto se limita a carreteras de doble calzada, que suman el 8% de kilómetros de red vial (y no todos, porque hay tramos con menores velocidades límite), y a los turismos y motocicletas. De modo que no se ven alterados ni el enorme tráfico de mercancías ni el de vehículos agrícolas. Huele a hipérbole.
Según los Ministerios de Interior y de Industria, se justifica por la subida previsible de los precios del crudo y el consiguiente agravamiento económico en conceptos de importaciones. Hasta lo que sabemos, dicen estimar un ahorro del 15% de gasolinas y 11% de gasóleos, con una incidencia de 18 millones de barriles anuales, lo que se valora en 1.400 millones de euros. El coste de corregir -transitoriamente- las 6.000 señales de estas vías se evalúa en 250.000 euros, o sea, 40 euros por pegatina colocada.
La oposición a derecha e izquierda, encumbrados expertos, representantes de asociaciones de automovilistas y consumidores, la prensa conservadora y blogueros varios han puesto el grito en el cielo (cuando no lo hicieron ante la rebaja de salarios y derechos laborales) intenando rebatir con argumentos tales como la orientación recaudatoria, los impuestos dejados de percibir, o la pérdida de tiempo y productividad, entre otros más peregrinos. Hasta se han creado webs, sin argumento ninguno, eso sí, para votar en contra. La respuesta del gobierno no ha sido científica, sino de marujeo, la réplica de la oposición, no menos folklórica, y así como de costumbre, la casa sin barrer.
Pero es que la teoría de la recaudación tampoco cuadra: Si fuera cierto el ahorro, equivalente a 2.860 millones de litros de gasolina/gasóleo al año, los impuestos dejados de percibir (aproximadamente el 50% del precio final) superarían los 1.900 millones de euros. Inimaginable hacer una caja más elevada vía radar (craso error partir de que todo quisque va a saltarse el límite, por cierto); si la papeleta es de 300 euros, para alcanzar la cifra de impuestos perdidos se necesitarían 6,5 millones de este tipo de sanciones al año! Eso es como multar una vez al año al 25% de los titulares de carnés! La Administración recaudaría notablemente más por impuestos especiales e IVA sobre los combustibles que por supuestas multas. Y sin mover un dedo. O sea, lo que más le interesa es que consumamos más.
Y aunque la realidad fuera que se ahorra en importaciones un cuarto de lo publicado a bombo y platillo, los impuestos no percibidos serían unos 475 millones anuales, es decir, ¡más de lo recaudado en todas las multas de tráfico en 2010!
De todas formas, no entiendo a qué viene la pataleta si, como publica el RACE, el 68% de los conductores supera las velocidades máximas en todo tipo de vías. Yo seguiré con mi híbrido haciendo conducción eficiente a 110-120 km/h mientras arqueoniñatos inmortales en sus Golf y neoespeculadores inmobiliarios en coches del tamaño de un trolebús continuarán rebasándome a 180 consumiendo el doble. Eso sí, llegarán antes a ver el fútbol, que al final es lo que, por lo visto, de verdad importa.
Referencias:
INE. Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008
INE. Encuesta de condiciones de vida 2009
INE. Red de carreteras, vehículos, conductores y accidentes
CORES. Boletín Estadístico de hidrocarburos 157 (diciembre 2010)
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